Tras el acuerdo en el Congreso de Intendentes, las 19 intendencias deberán incorporarse al nuevo sistema para el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC) antes de fin de año.
En el caso de Montevideo, está previsto que la incorporación se produzca en noviembre.A partir de entonces, para las licencias de conducir categoría B, C, D, E, F, H y G3 para autos y motocicletas (también conocidas como profesional) hasta los 55 años de edad del interesada/o el plazo de vigencia será por 10 años.
Para los y las conductoras que tengan entre 60 y 65 años el PUNC se les otorgará por cinco años máximo; entre 69 y 75 años se renovarán por un año y no se otorgarán más a partir de los 75 años de edad.
En el caso de las licencias de conducir categoría A, G1 y G2 para autos y motocicletas (más conocidas como amateur), las/os interesados/as podrán renovarla por 10 años, hasta los 55 años de edad.Para quienes tengan de 70 a 78 años se les renovará por tres años máximo (o podrán darse por dos años o un año, según evaluación médica); a los 79 años se concederá con vigencia de dos años y a partir de los 80 años de edad en adelante se otorgará por un año.
A su vez, después de los 75 años para renovar la licencia de conducir categoría A se deberá rendir examen práctico.
PRÓRROGA: Para evitar demoras que genera este cambio, se prorrogarán por tres meses las licencias cuyo vencimiento sea entre el 1 de noviembre de este año y el 30 de abril del 2018.
En esa fecha comenzarán a emitirse las licencias de conducir en el sistema informático SUCIVE, con un diseño y formato que se ajusta a los requisitos de ese sistema y mantiene los controles de seguridad que hoy contiene la licencia de conducir en la capital del país.
Las primeras licencias del PUNC comenzarán con la numeración 2 000 001 en adelante, para diferenciarlas de las actuales.Si bien se unificarán los criterios médicos y técnicos, este cambio origina la revisión de la mayoría de los procedimientos.
Por tal motivo se vienen realizando tareas de análisis y coordinación de los diferentes trámites, así como de capacitación para las y los funcionarios con el fin de minimizar el impacto que se generará en usuarias y usuarios.